El estado autonómico ha racionalizado el gasto público en este país. Ha articulado el territorio y ha reducido las diferencias entre los territorios en unos niveles no soñados cuando se aprobó la constitución. Los diferentes sistemas de financiación, incluso con sus problemas, han dotado de una fórmula objetiva de reparto del presupuesto del país que ha posibilitado un reparto equitativo del mismo. Esto ha roto con la tradición de beneficiar casi en exclusiva a los territorios ricos. Además ha permitido mejorar la gestión de los servicios públicos englobados dentro de lo que llamamos estado del bienestar, posibilitando que surgieran innovaciones en la gestión que se han podido exportar al resto. El principal problema del estado autonómico ha sido que no se ha avanzado lo suficiente en la descentralización de los ingresos, lo cual ha impedido (y sigue impidiendo) el desarrollo de verdaderas políticas diferenciadas, base de un estado descentralizado.
Los sectores más conservadores nunca han aceptado la descentralización del estado y con la actual coyuntura han lanzado una nueva ofensiva contra él, ahora de un modo mucho más abierto. Las razones son básicamente dos: Por un lado, algunos sectores de la capital no han podido aceptar desde tiempo inmemorial, que algunas decisiones se tomen fuera de la corte. La segunda razón hay que buscarla en el hecho de que en la España actual, las CCAA son sinónimo de estado del bienestar, de modo que acabando con unas se termina con el otro. No obstante, tras 35 años de democracia estoy seguro de que las virtudes de nuestro actual estado descentralizado ha calado en la gran mayoría de la población que han visto como les ha permitido alcanzar unos niveles de servicios y de infraestructuras que no habrían alcanzado nunca en organizando el estado de modo centralizado.
